En la lista de ciberseguridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México no ha salido muy bien parado ya que se encuentra en el último puesto en materia de protección de las redes informáticas.
Julio Alejandro Téllez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, informó que uno de los puntos negros del país es la legislación. Así en México no se han tipificado de forma correcta los delitos informáticos y tampoco se han capacitado a los investigadores y jueces para hacer frente a las diferentes infracciones que se pueden cometer.
El cibercrimen engloba diferentes actos que pueden ir desde la clonación de las tarjetas de crédito o débito, y la consecuente pérdida de dinero cuando los ladrones hagan uso de ella, hasta el hackeo de cuentas de correo electrónico, tanto privadas como corporativas, que vulneran el derecho de la privacidad, o a la suplantación de personalidad y, la más dolorosa, la pornografía infantil.
El incremento de las redes sociales y que los infantes usan desde temprano celulares con capacidad de grabar está aflorando los casos de ciberbullying que ha llegado a provocar casos de suicidios debido al acoso de colegiales entre sí.
Existen también delitos que consideramos menores pero que no lo son tantos. Quizás porque han acompañado a Internet casi desde que era un bebé. El spam, la publicidad no autorizada, y el phishing, que es la suplantación de personalidad, normlamente de un banco, para conseguir tus datos privados. De este deriva el pharming, que se trata de la simulación.
Así pues deben ser los poderes legislativo, ejecutivo y judicial los que deben crear las leyes y perseguir a los cibercriminales. No obstante el mercado digital cada vez es más potente y la ilegalidad e impunidad harán que se retrase el desarrollo en México si no se corta de raíz
